"Ésta no es una ley contra las violaciones de la propiedad intelectual, es una ley contra los derechos civiles", aseguró el periodista Fernando Berlín, creador de RadioCable y uno de los promotores, durante la presentación. Le respaldaban bloggers, empresarios, activistas y las asociaciones de Usuarios de Internet (AUI) y de Internautas (AI), que forman parte del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.
RedSOStenible convocará acciones dentro y fuera de la Red durante la presidencia española de la Unión Europea, para convencer a la ciudadanía de que esta propuesta es "insostenible". Algunos activistas, incluso, llaman a la "desobediencia civil masiva".
El empresario Julio Alonso, fundador de Weblogs, considera que la medida "impacta en gente muy diferente. No todos defienden la cultura gratis o las campañas de desobediencia, pero sí estamos todos de acuerdo, desde los antisistema hasta los empresarios, en que tiene que ser un juez el que decida si se vulnera o no la propiedad intelectual. Y esto no está en el nuevo redactado". Alonso cree positiva la nueva iniciativa, en la que no ha participado directamente, porque hay dos asignaturas pendientes que resolver. Por un lado, concienciar a la ciudadanía de que "esto no va de descargas legales sino de derechos civiles". Por otro, "hacer lobby de presión".
El pasado viernes el Consejo de Ministros daba luz verde al "procedimiento mixto administrativo-judicial", para cerrar un "centenar de webs de descargas ilegales", según la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, quién aseguró que "la última palabra la tendrá un juez".
RedSOStenible.net empezó a cocerse online ese día, aunque terminó organizándose una reunión para la jornada siguiente en Madrid. "Éramos unos 70 u 80, un amplio espectro de las voces de Internet. Llegamos a dos conclusiones: unificar esfuerzos y elaborar una estrategia de oposición". El objetivo es tumbar la propuesta porque "viola derechos constitucionales, entre otras muchas cosas", explica Victor Domingo, presidente de la AI.
Dos días después, el pasado lunes, el Gobierno difundía el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en cuya disposición adicional primera se regula el cierre de webs.Ahora, el documento será analizado por diferentes órganos consultivos, incluido el Consejo de Estado, antes de llegar al Parlamento.
"Es muy fuerte la redacción actual porque quita a los jueces la decisión sobre la infracción de la propiedad intelectual en la Red. También es aberrante que una comisión de Cultura decida qué es legal o ilegal en Internet. La Administración nunca puede decidir sobre los conflictos entre particulares. Éstos los resuelve la Justicia, que para esto está", opina el abogado Javier de la Cueva".
Miquel Peguera, profesor de derecho en la UOC, coincide: "El Gobierno ha introducido un parche: preguntará a un juez si el cierre afecta o no a la libertad de expresión, y éste decidirá tras un careo entre las partes. Si decide que no afecta, se procederá al cierre acordado por la Administración. Ésta es la novedad, pero el juez no valorará si la página vulnera la propiedad intelectual".
El objetivo del Gobierno es el cierre de las webs que enlazan a contenidos protegidos. Hasta ahora, los titulares de derechos trataban de lograrlo en los tribunales, pero los jueces los denegaban porque un simple enlace no reproduce, ni distribuye, ni transforma ni comunica públicamente una obra, los cuatro derechos de explotación reservados al autor en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Ahora se quiere establecer un procedimiento administrativo, "pero no se reforma la LPI en materia de infracciones, de modo que el enlace seguirá sin constituir una vulneración de la LPI. Cuando la Comisión analice estos casos tendría que llegar a la misma conclusión que los jueces: denegar el cierre", dice Peguera.
En su opinión, "si no se modifica la LPI, por ejemplo introduciendo el concepto de contribución a la infracción, la reforma no tiene sentido. Tampoco tiene demasiada lógica que dos representantes de las entidades de gestión afectadas formen parte de la comisión. Parece muy anómalo que una parte interesada forme parte del órgano que debe decidir".
Ricardo Gallí, creador de Menéame, concluye: "Modificar tantas leyes, incluso una orgánica, para perseguir 100 ó 200 webs es ridículo. O nos están mintiendo o la ministra es idiota". Respecto al nuevo manifiesto, considera "un error mezclar la defensa de las libertades con temas de modelo de negocio. No tenemos que decir a la industria cultural lo que debe hacer".
La explosión activista incendia Twitter
Tras conocerse el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible presentado por el Gobierno hace semanas, los internautas demostraron una sorprendente capacidad de movilización desconocida en la Red hasta la fecha. En pocas horas, miles de blogs suscribieron el manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet, documento que se había fraguado en la propia Red utilizando una de las herramientas más prometedoras, Google Wave, demostrando así su efectividad como aplicación de trabajo en remoto, así como el conocimiento del entorno online de los precursores, que más tarde culminaría en el éxito de difusión del documento.
En pocas horas el buscador incorporó más de un millón de páginas web distintas que hacían alusión al mencionado manifiesto. Actualmente, el buscador tiene casi tres millones de páginas que hacen referencia al texto y cuyos primeros resultados (que son los más demandados por los usuarios) siempre son desfavorables a las pretensiones del anteproyecto.
La actividad de los internautas no ha cesado desde entonces. En Facebook, la red social con más tráfico en España (13,1 millones de usuarios en el mes de diciembre de 2009), según NetView (Nielsen Online), el grupo favorable al manifiesto en este site cuenta ya con 207.000 miembros y se convierte en otro efectivo canal de comunicación muy susceptible para potenciar, incluso, movilizaciones físicas desde el mundo virtual. Eso sí, si tenemos en cuenta las cifras del medidor americano, sólo algo más del 1,5% de los usuarios que usan Facebook en España se han incorporado al grupo.
Pero todo este ruido mediático tiene, de nuevo, su explosión en Twitter, un site que permite el envío de mensajes instantáneos entre usuarios. Según varias herramientas de medición, sitúan la explosión de uso de este site coincidiendo con la revolución que los internautas están protagonizando en la Red a raíz de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible.
Esta revolución tuvo ayer un nuevo impacto con el lanzamiento de Red SOStenible (www.red-sostenible.net), que ha reactivado el término #manifiesto como uno de los principales temas de actualidad en la conversación de Twitter. Según Google Trends, Twitter se encuentra ya cerca de superar la barrera de los 140.000 usuarios diarios en España, cifra que, previsiblemente, acabarán alcanzando y superando de aquí a final de mes.
ADRIÁN SEGOVIA, Madrid
Felipe González pide a los internautas "una alternativa" para defender la propiedad intelectual
El ex presidente del Gobierno Felipe González pidió hoy a los internautas "una alternativa" para defender la propiedad intelectual sin alterar la libertad de acceso y movimientos dentro de la Red.
En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, González preguntó a los internautas que se están movilizando contra la Ley de Economía Sostenible impulsada por el Gobierno si creen que la propiedad intelectual es al menos tan respetable como la propiedad de la tierra o de una fábrica y, si es así, les pidió "que ofrezcan una alternativa de buena fe" para que la defensa de esa propiedad sea compatible con la libertad de movimientos en Internet.
En lugar de un debate "áspero" sobre el tema, González abogó por recordar que los derechos de uno siempre tienen como límite los derechos de los demás, y ante la evidencia de que en este ámbito "no se ha encontrado la solución", reflexionar sobre "cómo compensar, cómo pagar" la propiedad de los creadores para que sigan creando.
SERVIMEDIA
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